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  Por el libro

7 de febrero de 2023

Sin Comillas

El gobernador, Pedro R. Pierluisi, y el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, presentaron una propuesta para reducir las tasas contributivas de individuos y corporaciones, que estiman tendrá un impacto fiscal de $545.5 millones.

Individuos

Propone reducir reducir la tasa máxima que pagan los individuos de 33% a 30%. El Gobierno destaca que la tasa máxima a nivel federal en Estados Unidos es de 37% y la tasa media a nivel global es de 30%.

Para los individuos con ingresos entre $41,500 y $61,500 la tasa contributiva se reduciría de 25% a 24%. Esa misma tasa aplicaría a personas con ingresos de $61,500 a $81,500, que actualmente tributan a una tasa de 33%.

La propuesta del Gobierno mantienen los descuentos de 5% y 3% de la Ley 257-2018 y la Ley 40-2020, respectivamente, para contribuyentes con ingresos de $100,000 o menos. Mientras que en el caso de las personas de 65 años o más, se establece que el crédito a ser pagado será de $400 y se eliminaría así la condición de superar ciertas cifras de recaudos para pagar los $200 adicionales.

El impacto fiscal de estos cambios contributivos propuestos para individuos es de $262.5 millones.

Corporaciones

En cuanto a las corporaciones, el Gobierno propone sustituir el régimen combinado actual, con una tasa marginal de 37.5%, que se compone de una tasa de contribución normal fija de 18.5% y una tasa de contribución adicional marginal de hasta 19%. Se cambiaría por una tasa de 17% para empresas con ingreso neto de hasta $275,000. Para negocios con ingresos desde $275,001 hasta $3 millones se propone una tasa de 27%, lo que representa una rebaja de 10.5 puntos porcentuales. Las empresas con ingresos superiores a los $3 millones estarían sujetas a una tasa máxima de 33%.

Pierluisi explicó que, de un universo 53,000 contribuyentes corporativos, solamente unos 27,411(o un 51.7%), tienen responsabilidad contributiva. Añadió que bajo esta propuesta, alrededor de 23,747 contribuyentes corporativos pagarían una tasa máxima 27%, “lo cual estarían en una tasa contributiva similar a la media y el promedio a nivel nacional”.

En el caso de las empresas, los cambios tienen un estimado de impacto fiscal de $283 millones.

Impuesto sobre Ventas y Uso

En cuanto al Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) se propone eliminar el pago en la cadena de distribución (importación y compra de inventario para la reventa). “El cambio tendría el efecto de eliminar las características del IVA (Impuesto al Valor Agregado), que tiene nuestro sistema actual y nos acerca a poder lograr un sistema de impuesto sobre la venta puro”, explicó Pierluisi.

“Este nuevo sistema de exención propone establecer un mecanismo electrónico para que los comerciantes puedan informar sus ventas de inventario a Revendedores y crear un Certificado de Exención digital para comerciantes que importan o compran inventario para la reventa”, explicó.

En los pasados cinco años, los ingresos netos al Fondo General han superado las proyecciones del Plan Fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal. “La tendencia sugiere que los ingresos al Fondo General se sostendrán en un nivel similar al de los pasados dos años fiscales. Considerando que el promedio excedente en recaudos, en comparación con lo proyectado es de $790 millones, aproximadamente, este alivio contributivo tendrá el efecto de redistribuir la carga contributiva de individuos y corporaciones en más de $500 millones”, aseguró.

“La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y el Departamento de Hacienda están colaborando en la preparación de un estudio económico sobre el impacto de estas propuestas contributivas en nuestro desarrollo económico y los cambios de comportamiento de nuestros contribuyentes individuales y corporativos. Este estudio, que debe estar listo en las próximas semanas, pretende informar el impacto a corto, mediano y largo plazo de nuestras propuestas para asegurarnos de que son viables y positivas para Puerto Rico. El mismo será compartido con la Legislatura cuando presentemos los proyectos de ley, así como con la Junta de Supervisión Fiscal, con cuyo personal ya hemos tenido conversaciones informales. Nuestra meta es promover un proceso de discusión amplio y responsable sobre estas propuestas para lograr darle un alivio a nuestros contribuyentes y seguir impulsando nuestro desarrollo económico”, explicó el gobernador.

 


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